Recientemente El Diario Montañés, diario español regional (de Cantabria) ha publicado un artículo de opinión sobre la reforma de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa que ha puesto en marcha el Gobierno español. Firma este artículo Luis Sánchez de Movellán de la Riva, miembro de la Sociedad Cántabra de Escritores.
Nacido en Madrid en 1955, es doctor en Derecho, Máster en Comunidades Europeas y Asesoría de Empresas y profesor en Filosofía del Derecho y del Estado. Ejerce de profesor de Historia de la Familia en la Universidad de San Pablo-CEU. Politólogo y ensayista, es habitual colaborador de las tribunas de opinión de El Diario Montañés, las revistas Razón Española y Empresas Políticas y el portal Análisis Digital.
Según el autor, el Gobierno ha arrancado la legislatura con un revolucionario Plan de Derechos Humanos que habrá de desencadenar un fuerte debate social y político al tocar algunos aspectos 'sensibles' para la opinión pública y clave en el funcionamiento de este Estado radicalsocialista, mediante la reforma (ya veremos el alcance) de la Ley de Libertad Religiosa de 1980, para hacer avanzar la laicidad en España y el avance y la profundización en la más que controvertida Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos o en la ideología de género.
En lo tocante a la reforma de la Ley de Libertad Religiosa se ha cumplido la amenaza que lanzó el PSOE en plena campaña electoral: «Después del 9 de Marzo, ya nada podrá ser igual» en la relación del Gobierno con la Santa Sede, advirtió José Blanco, tras el enfrentamiento directo que mantuvo el Ejecutivo de Zapatero con la jerarquía eclesiástica durante casi dos meses. Así, la Vicepresidenta Mª Teresa Fernández de la Vega anunció sin rubor que su objetivo es «avanzar en la condición de laicidad que la Constitución otorga a nuestro Estado» que se traduce «en el reconocimiento de los derechos de los agnósticos, amparado en el art.16 sobre la libertad de conciencia».
¿Pero por qué y para qué cambiar la actual regulación legal sobre la libertad religiosa? Uno de los motivos que esgrimió la Vicepresidenta Fernández de la Vega fue que la vigente Ley «desconoce el derecho a la libertad de conciencia, cuya regulación sencillamente silencia». Lo que no nos extraña, ya que no es lo mismo la una que la otra. Problema que ya tenían Voltaire y Rousseau para diferenciarlas, pues reducían la religión a mera moral sin tener en cuenta que los ateos y agnósticos también tienen conciencia moral.
Suponemos que ni a los escépticos ni a los ateos ni a los agnósticos les gustará, en lo tocante a lo que la libertad de conciencia respecta, que les metan en el mismo saco que a los creyentes. Pero a las personas religiosas tampoco les parecerá bien que se regule promiscuamente la conciencia moral y la religiosa, por mucho que ésta incluya a aquélla; y sin que se dé el caso inverso.
Fernández de la Vega dijo también intencionadamente que "el carácter laico del Estado le exige una mayor neutralidad ante el fenómeno religioso", de modo que se impidan «situaciones de discriminación de unas confesiones o creencias respecto de otras». Pero, según la Constitución de 1978, el Estado es aconfesional y no ha de ser neutral, sino que ha de favorecer que las personas y los grupos puedan ejercer sus derechos (art.9, 2); lo que no tiene es que ser parcial o discriminador.
El Gobierno utiliza confusa y provocadoramente los términos 'laico' y "laicidad" a sabiendas de que, de entrada, se pone a la Santa Sede y a los Obispos en contra, ya que una de sus principales denuncias es la corriente laicista que recorre España y Europa. Aparte, claro está, de su hoja de ruta trazada en determinadas logias francesas e inglesas para convertir a España en un erial religioso y en una sociedad "nueva" al gusto del Nuevo Orden Mundial.
El Gobierno radicalsocialista intenta ser como el Panteón de la antigua Roma, en el que estaba divinizado el Emperador y asimilaba en él a todas las religiones. En un proceso de divinización del Estado, éste no tiene inconveniente en hacer parte subordinada de su particular 'Panteón' multicultural a las demás religiones; pero surge un problema, que el cristianismo no se deja y, por tanto, empieza a ser peligroso e incluso subversivo para el propio Estado.
El Plan de Derechos Humanos del Gobierno de España no respeta la Constitución española ni la jurisprudencia del Tribunal Constitucional porque trata de igualar todas las religiones y sectas presentes en España, limita el derecho de los padres a escoger la escuela de sus hijos, así como a proporcionarles la formación religiosa y moral acordes con sus convicciones, y no respeta el derecho a la vida del ser humano desde que es engendrado.
La Carta Magna singulariza las relaciones con la Iglesia Católica, pero el Gobierno hace caso omiso del mandato constitucional y no reconoce a la cultura cristiana y, a través de una reforma de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa (Medida 70), quiere igualar todas las religiones y sectas, ofreciendo el mismo reconocimiento, por ejemplo, a la Iglesia de la Cienciología, que en muchos países está perseguida como una secta destructiva, que a la religión propia de la mayoría de los españoles.
Además el Plan de Derechos Humanos prevé la creación de un Observatorio sobre el Pluralismo Religioso (Medida 71) que garantice la equiparación de todas las religiones y sectas que podría convertirse en una suerte de Big Brother que podría determinar, por ejemplo, la retirada de los crucifijos de todas las escuelas públicas, e incluso de las concertadas bajo amenaza de retirada del concierto, prescindiendo de los Consejos Escolares, ya que no reconocería el hecho cultural cristiano.
En la práctica, el Gobierno español limita con su Plan de Derechos Humanos (Medidas 112 y ss.) el derecho de los padres a escoger el centro escolar de sus hijos, ya sea con límites económicos (si se opta por un colegio religioso, hay que pagarlo) o con trabas administrativas (como la limitación o reducción de plazas en los centros concertados, las oficinas de escolarización o las asignaturas ideológicas como la de EpC (Medida 117)
Aunque la cautela y la prudencia hayan de ser las primeras actitudes ante el anuncio del mencionado Plan de Derechos Humanos del Gobierno de España, no dejan de existir síntomas e indicadores racionales, asaz preocupantes y alarmantes. Sorprende que esta sea una de las primeras iniciativas del Gobierno, tras unos cuantos meses de parálisis. Más sospechoso es todavía el hecho de que su anuncio haya coincidido con una fortísima subida de las cifras del paro y en pleno proceso de crisis económica, que afecta muy especialmente a los precios de la cesta de la compra y al pago de las hipotecas ¿No estaremos, de nuevo, ante una nueva cortina de humo para tapar y desviar la atención de la ciudadanía española de los temas que realmente preocupan? ¿Habrá comenzado el Gobierno, además, una nueva campaña ideológica y sectaria con la contumacia laicista con que ya actuaron en la pasada legislatura?
Las soflamas gubernamentales sobre la laicidad del Estado español son rabiosamente falsas y profundamente injustas, sin que se adecuen a la Constitución vigente, ni a nuestra historia, ni al alma, ni a la realidad hodierna del pueblo español. La laicidad no se puede convertir nunca en un arma arrojadiza ni en una coartada contra las creencias de los ciudadanos y las confesiones religiosas. Los derechos de los no creyentes no tienen por qué entrar en colisión con los de los creyentes. A nadie se le ha impuesto ni se le impone el creer y el practicar.
La Iglesia católica española trabajó durante la Transición por la venida en paz, en concordia, en pluralidad y en reconciliación de la preciada democracia. Desde el Concilio Vaticano II, la Iglesia ha buscado siempre la aconfesionalidad del Estado. Pero ahora, la nueva hoja de ruta masónica para España señala una confesionalidad laicista, excluyente y militante, que mira con prejuicios ideológicos la libertad religiosa y pretende legislar, restrictiva y sectariamente, contra la gran mayoría de la nación española. España no quiere ni necesita una nueva religión multicultural de Estado, compuesta de dogmas falsos y de embelecos relativistas, que, como una suerte de patchwork sincrético-cultural, adocene y embrutezca a la gran mayoría de nuestros compatriotas.
Fuente: Info-RIES nº 119 (17/02/09).
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