El partido opositor al Gobierno de España ha criticado la reforma que pretende hacer éste de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa.
El Partido Popular (PP), fuerza política de oposición al Gobierno socialista de España, ha sido muy crítico con la reforma de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa (de 1980) que quiere hacer el poder ejecutivo de este país. El diputado popular Federico Trillo-Figueroa ha admitido que su formación "no se fía" del plan de derechos humanos que aprobará el Consejo de Ministros y que incluirá la reforma de la Ley de Libertad Religiosa. Se trata de "una maniobra" para "controlar" el hecho religioso y aquellas libertades que le resultan "molestas", tal como ha publicado la emisora radiofónica Cope.
En su opinión, el Gobierno lo que quiere, "so pretexto de ese planeamiento y de esa modificación de la Ley de Libertad Religiosa", es "disolver el hecho religioso y equiparar estas confesiones con las sectas o con los movimientos esotéricos y, sobre todo, controlar, controlar y controlar". El coordinador de Justicia y Libertades Públicas del PP recalcó que la iniciativa del Ejecutivo de hacer este plan es "contradictoria con la idea misma de los derechos fundamentales de la persona", dado que, según dijo, los derechos humanos son libertad, capacidad de iniciativa y de autoorganización y "un planeamiento" de este tipo "supone programación, control e interferir sobre la libertad de los ciudadanos".
"Por lo tanto, no nos fiamos nada de ese plan", enfatizó el diputado del PP, que explicó que una iniciativa de ese tipo está concebida por Naciones Unidas como un instrumento para países en vías de desarrollo donde la garantía de los derechos humanos "hay que hacerla eficaz". Tras subrayar que "el mejor plan" es la Constitución misma y las leyes que la desarrollan, el responsable de Justicia del PP afirmó que la iniciativa del gabinete socialista es "una maniobra del PSOE para interferir, regular y controlar aquellas libertades que le son molestas".
Según Trillo, la libertad religiosa tiene su reconocimiento en la Constitución y su desarrollo en la Ley de Libertad Religiosa de 1980, que fue "consensuada por todos" y que "ha permitido contemplar el hecho religioso por los poderes públicos como un hecho positivo, no sólo para la Iglesia católica, sino también para las confesiones evangélica, judía y musulmana".
La reforma
El diario ABC afirmó que esta reforma, anunciada por la vicepresidente primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, tendrá su primer borrador a mediados de 2009, pero ya se conocen algunos de los puntos. Habrá «un observatorio sobre el pluralismo religioso o un estudio completo sobre la gestión pública de la diversidad religiosa en los ámbitos local, autonómico y estatal». Además, se reforzará «la formación y enseñanza de los distintos agentes públicos (policías, fuerzas armadas, facultativos sanitarios, etcétera) en materia de libertad religiosa».
Fernández de la Vega no quiso ayer dar más pistas sobre la reforma, pero sí matizó que quieren hacerlo «desde el máximo consenso». Las causas que justifican los cambios en una Ley que data de 1980, a juicio de la vicepresidenta, es su «modernización y actualización». El Ejecutivo quiere «introducir el pluralismo religioso», ya que considera que «en la sociedad hay más pluralidad». Como ejemplo, recordó que en las prisiones sólo hay asistencia católica y que, con la reforma, habrá asistencia de otras confesiones. Se trata de que «en todos los ámbitos se tenga acceso a otras confesiones religiosas y todos los seres humanos puedan ejercer su derecho». Se trataría de equiparar a la religión católica con la musulmana y de sacar de la vida pública los símbolos religiosos cristianos.
Fuente: Info-RIES nº 110 (14/12/08).
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